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Aquí en Hollywood se suele decir que hay dos cosas en este mundo que resultan muy difíciles de poseer en demasía: delgadez y dinero. A esa lista, California ha aportado esta semana otra cuestión que es preferible tener con mesura: «democracia presupuestaria».
Obligado a operar con un presupuesto sin déficit como casi todos los Estados de la Unión -pero con el agravante de una estructura de gastos e ingresos públicos muy poco funcional-, el Estado de California, gobernado por Arnold Schwarzenegger, se ha visto obligado a recurrir por segunda vez desde la Gran Depresión a emitir pagarés para hacer frente a sus deudas.
Con un déficit de 26.300 millones de dólares, y sin acuerdo político a la vista sobre cómo alcanzar un presupuesto viable, las autoridades estatales han empezado a distribuir el equivalente a 4.800 millones de dólares en pagarés para saldar este verano toda clase de cuentas pendientes, desde los servicios de contratistas privados a devoluciones de impuestos.

Por el momento, los pagarés, con un interés del 3,75 %, han sido admitidos por algunas instituciones financieras. Pero a partir de la próxima semana, grandes entidades como Bank of America ya han advertido que no piensan canjear los «IOUs» (siglas en inglés de «yo te debo»).
El caos en las finanzas de California, con su deuda pública camino de ser clasificada como bonos basura, tiene sus raíces en un modelo de democracia consultiva consagrado en la Constitución estatal de 1879 y sus más de quinientas enmiendas posteriores. A través de plebiscitos se han aprobado gastos adicionales sin identificar las fuentes de financiación.
Con una estructura de ingresos que, tras la revuelta de hace tres décadas contra los impuestos sobre la propiedad, depende de la fiscalidad a empresas, ganancias por inversiones o rentas del trabajo. Conceptos que han caído en picado en estos dos años de recesión en una California arrasada por el «boom» inmobiliario y con una tasa de paro sin precedentes del 11,5 %.
Un estado a la deriva
Para Jerry Robert y Phil Trounstine, especialistas de «Los Ángeles Times» en la muy peculiar política de California, el gobierno estatal «intenta mantenerse a flote con la maquinaria dañada, con parches carentes de responsabilidad que estimulan la parálisis, y dejándose llevar por la corriente en lugar de marcar un rumbo». A su juicio, California no se puede permitir ser el único Estado de la Unión que requiere mayorías de dos tercios para aprobar sus presupuestos o para incrementar los impuestos.
Ante este caos, que en la práctica supone cada vez mayores y más dolorosos recortes en los servicios públicos, ha empezado a cobrar impulso la idea de una reforma en profundidad de la Constitución de California, producto de la llamada era progresiva de finales del siglo XIX. Esta solución es promovida por grupos como el Consejo del Área de la Bahía, cuyo presidente, Jim Wunderman, dice que el «status quo» resulta insostenible. Pero como recuerda la profesora Tracy Gordon, estudiosa de toda esta pesadilla en el Instituto de Política Pública de California, «el problema es que los votantes deben ratificar cualquier cambio y, aunque en el pasado se les pidió rechazar el requisito de dos tercios o la limitación de impuestos, su respuesta siempre ha sido no
fuente: ABC.es